Hace poco más de un año, la Entidad Local de Balanegra (dependiente del Ayuntamiento de Berja) construyó un espigón en el límite con el término municipal de El Ejido. Como consecuencia -según hemos sabido hace unos días-, un juzgado de Berja ha imputado a nuestro alcalde, Antonio Torres y a la lideresa de Balanegra, Mercedes Tapia, por un presunto delito contra la ordenación del territorio, después de que la Fiscalía interviniese de oficio en el caso.
Las respuestas que han dado estos señores ante esta situación no tienen desperdicio. La señora Tapia dice que no era ilegal puesto que "avisaron a la Directora General de Sostenibilidad de la Costa y el Mar su intención de construirlo [...]". Si los razonamientos jurídicos de esta señora sentaran doctrina, mañana podríamos ir a robar un banco, con previo aviso a la entidad -faltaría más- y no se nos podría acusar de delito alguno. Sin duda un paso de gigante en la tarea de hacer más ágil a la Administración de Justicia.
El señor Torres hila más fino en sus argumentaciones y no ha calificado de legal la construcción en ningún momento. Por un lado, dice que el espigón no suponía ningún problema "porque no perjudicaba a nadie". Con esta otra doctrina, cualquier vecino o vecina de Berja podría mañana edificar en un solar de su propiedad sin licencia de obra, puesto que "no perjudica a nadie". Por otro lado, emulando a su secretaria general -la señora Cospedal- aprovecha la ocasión para dejar caer que si no será que la Fiscalía le tiene manía. Vamos, lo que dice exactamente es que no sabe por qué la Fiscalía ha denunciado este espigón ilegal y no otros posibles que pueda haber en la provincia. Hombre, yo creo que la Fiscalía estará encantada de escuchar cuántos y cuáles son los espigones ilegales que conoce el señor Torres, por lo que le animo a denunciarlos. Lo contrario, ampararse en que hay muchos ilegales para que le perdonen el suyo, es una versión mejorada del clásico "mal de muchos ... ".
Pero hay un matiz que hace este asunto más grave y que, a mi juicio, deja incompleta la actuación de la Fiscalía. En la prensa de estos días aparecen declaraciones de Antonio Torres -entrecomilladas- en las que afirma que la imputación "era previsible". Si tiramos un poco de hemeroteca, podemos encontrar declaraciones suyas de hace un año, aproximadamente, en las que se negaba a retirar el espigón si no era por orden judicial y se manifestaba dispuesto -junto con la lideresa- a asumir las consecuencias, puesto que siempre habían sido conscientes de actuar "por su cuenta y riesgo". ¿Sabía el señor Torres cuando amparó la construcción del espigón que cometía una ilegalidad por efectuar esta actuación sin la autorización preceptiva? A juzgar por las declaraciones citadas, yo creo que sí. A una persona que ha sido concejal y miembro del equipo de gobierno de la Diputación Provincial y, para la fecha de construcción del espigón, año y medio alcalde de Berja, se le supone un cierto conocimiento -básico al menos- del Derecho Administrativo. ¿Qué nombre tiene, en Derecho, el autorizar actos administrativos contrarios a la norma a sabiendas de que lo son? Se oye mucho estos días: prevaricación.
Yo no soy jurista, ni mucho menos juez, así que ni acuso, ni juzgo. Sólo afirmo que la actuación del señor Torres podría haber incurrido en un claro supuesto de prevaricación. Ya sólo falta que la Falange y Manos Limpias se pasen por Berja a personarse en el caso como acusación particular. Yo en su lugar lo haría, creo que ganarían el caso.
