sábado, 24 de septiembre de 2011

EL CATALÁN

La última sentencia del TSJC abre la puerta a la modificación del sistema educativo catalán, en lo que a su lengua vehicular se refiere. Ésta es una cuestión siempre polémica, pues es muy fácil un tratamiento demagógico del asunto, sobre todo por sectores de opinión próximos al Partido Popular u otros de tendencia nacionalista española. 

Se supone que todos en España respetamos la Lengua Catalana y queremos dotarla de especial protección. Los catalanoparlantes, por razones obvias. Y los demás, porque mayoriamente creemos en la Constitución como norma fundamental del Estado, y ésta dice, en su Artículo 3, que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

No se puede guardar un idioma en un museo. La única medida de protección eficaz de una lengua es su uso. Una lengua que no se usa, que  carece de hablantes, se muere. En Cataluña, a pesar de varias décadas de vigencia de la inmersión lingüística en el sistema educativo, el Castellano sigue siendo -según diversas estadísticas- la lengua más hablada en la calle. Su enorme fuerza social, como lengua habitual de una comunidad internacional de 500 millones de hablantes y su presencia masiva en los medios de comunicación, hace que su presencia sea arrolladora allí donde comparte espacio con una lengua de ámbito regional. Luego, si somos consecuentes con nuestra intención de respetar y proteger la Lengua Catalana, no nos queda otra que arbitrar medidas de discriminación positiva hacia dicha lengua -aun reconociendo que algunas de las medidas puestas en marcha hasta ahora no han sido, en absoluto, afortunadas-.

La inmersión lingüística no ha conseguido convertir en catalanoparlantes a todos los catalanes escolarizados desde los años ochenta. Pero sí ha conseguido evitar la división social que se habría producido con un modelo segregador en función de la lengua materna. Todos los escolares catalanes tienen en común el conocimiento del Catalán, independientemente de si es o no su lengua habitual. En una comunidad en la que el Catalán es tan oficial como el Castellano -según la Constitución son lenguas cooficiales, ninguna prevalece sobre la otra-, el conocimiento del Catalán es una garantía de igualdad de oportunidades para todos los catalanes, sea cuál sea su origen. Pero la educación en Catalán consigue algo más que eso: evita la fractura social en dos comunidades por razones lingüísticas, ha evitado que los hablantes de Castellano y Catalán hayan vivido de espaldas los últimos treinta años. Esto último, que puede parecer exagerado, es un riesgo verosímil con un sistema educativo segregador. Véase si no el caso de Bélgica y la división entre Flamencos y Valones.

El problema que se achaca al sistema de inmersión lingüística es que no garantiza el aprendizaje del Castellano para los alumnos procedentes de familias que, por la razón que sea, no quieren que el Catalán se convierta en la lengua habitual de sus hijos e hijas. Sin embargo, aquí los datos también son tozudos, y diversos estudios avalan que el modelo no perjudica el aprendizaje del Castellano.

Entonces, si defendemos que el Catalán -junto con las demás lenguas de España- debe ser objeto de protección, si aceptamos que solo el uso puede asegurar la subsistencia de esta lengua, si entendemos que es una herramienta de cohesión social en Cataluña y sabemos que, a pesar de la inmersión, los niños y niñas catalanes aprenden Castellano en igual o mayor medida que Catalán, y con el mismo o mayor nivel de competencia que otros niños y niñas españoles, ¿alguien puede decirme cuál es el problema?