El diccionario de la Real Academia define reforma, en su acepción 2ª, como "aquello que se propone, proyecta o ejecuta como innovación o mejora de algo". Cabe por tanto la posibilidad de que, cuando se plantea una reforma, ésta sea controvertida, en el sentido de que lo que algunos consideramos una innovación o mejora, para otros puede no serlo. Las innovaciones y mejoras siempre son interpretables. En primer lugar, porque podemos discrepar de los objetivos que se persiguen. Y en segundo, porque aun estando de acuerdo en ellos, mientras no se ejecutan no se sabe si realmente son útiles para alcanzarlos. Más aun, incluso después de llevarlas a efecto, sus resultados pueden ser analizados de forma crítica y cuestinados.
Lo que hace el Ministro Wert no es una reforma educativa, es otra cosa. Solo desde la más pura ignorancia, demagogia y desprecio por la educación pública pueden proponerse como reforma el conjunto de medidas lanzadas por el ministro desde que tomó posesión.
El incremento de horas lectivas al profesorado no es solo una carga extra de trabajo para los docentes. Supone, por ejemplo, que en Educación Secundaria, el próximo curso habrá un 10% menos de plantilla en cada centro. Un profesor puede asumir más horas lectivas, pero no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Quiere esto decir que se resentirá significativamente la oferta de medidas pedagógicas como desdobles de grupos, refuerzos y apoyos de todo tipo, que dependen no tanto de cuántas clases se imparten sino de cuánto personal hay disponible.
El aumento de las ratios que se permite a partir del próximo curso tendrá como consecuencia la masificación de algunas aulas en Primaria y Secundaria. Nadie con dos dedos de frente puede pensar que esto contribuya a mejorar la calidad de la educación que se ofrece en los centros públicos. Todos sabemos que el trato individualizado del alumnado permite una adecuada atención a la diversidad y un apoyo a cada alumno o alumna según sus necesidades.
La no cobertura de las bajas hasta los diez días es una dificultad más que tendrán que afrontar unos centros con un personal ya sobrecargado, sin contar con la pérdida de atención del alumnado afectado, especialmente en fechas clave como los meses previos a las pruebas de acceso a la universidad.
La subida de las tasas universitarias, unida al endurecimiento de las condiciones para obtener una beca, amenaza con hacer imposible el acceso a la universidad a los hijos e hijas de las clases medias y bajas. Tras una medida encaminada, supuestamente, a fomentar el esfuerzo y el mérito, lo que hay es puro clasismo y un ataque a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades. Como dice, muy acertadamente, Xabel Vegas, "no se trata de poner trabas a la mediocridad académica, sino de permitirla solo para quienes puedan pagársela".
El conjunto de medidas enumeradas, presentadas como reformas, no son, atendiendo a la RAE, dignas de tal nombre. Nadie puede entender que sobrecargando de trabajo a los docentes y reduciendo las plantillas de los centros se mejore la educación; tampoco que la masificación de las aulas contribuya a mejorar la atención al alumnado, pese a las "justificaciones" del ministro. No hay persona sensata que defienda como bueno el que las bajas se queden sin cubrir. Y el incremento de las tasas universitarias y el endurecimiento del acceso a las becas -cuya defensa por el ministro produce vegüenza ajena e indignación- no es más que una muestra de clasismo: los hijos e hijas mediocres de las clases pudientes podrán seguir estudiando en la universidad privada.
Por tanto, nada de lo propuesto es susceptible, desde una posición honesta, de ser presentado como innovación o mejora, sino como puro retroceso. ¿A qué viene entonces hablar de reformas del sistema cuando lo único que se pretende es el recorte puro y duro de la inversión en educación?
Lo que sigue es la definición de liquidador de una sociedad: "con la disolución de la sociedad y la apertura del proceso de liquidación, cesan las facultades de representación de los Administradores de la sociedad. Tales facultades son asumidas por los liquidadores, que son aquellas personas encargadas de efectuar la liquidación de la sociedad (cobro de deudas, pago de acreedores, continuar hasta su total terminación los negocios y contratos sociales, formar el balance final de liquidación, hacer la propuesta de división del haber social entre los socios, etc.)". El Sr. Wert ha entrado en el Ministerio de Educación no como un reformador sino como liquidador. Una vez decidido el desguace de la educación pública, tendrá el dudoso honor de "terminar" con todas sus prestaciones mientras nos intenta convencer de que lo hace por nosotros, los usuarios. Si no se lo impedimos entre todos, Wert hará la liquidación. Pero no será por reforma, sino por derribo.
El incremento de horas lectivas al profesorado no es solo una carga extra de trabajo para los docentes. Supone, por ejemplo, que en Educación Secundaria, el próximo curso habrá un 10% menos de plantilla en cada centro. Un profesor puede asumir más horas lectivas, pero no puede estar en dos sitios al mismo tiempo. Quiere esto decir que se resentirá significativamente la oferta de medidas pedagógicas como desdobles de grupos, refuerzos y apoyos de todo tipo, que dependen no tanto de cuántas clases se imparten sino de cuánto personal hay disponible.
El aumento de las ratios que se permite a partir del próximo curso tendrá como consecuencia la masificación de algunas aulas en Primaria y Secundaria. Nadie con dos dedos de frente puede pensar que esto contribuya a mejorar la calidad de la educación que se ofrece en los centros públicos. Todos sabemos que el trato individualizado del alumnado permite una adecuada atención a la diversidad y un apoyo a cada alumno o alumna según sus necesidades.
La no cobertura de las bajas hasta los diez días es una dificultad más que tendrán que afrontar unos centros con un personal ya sobrecargado, sin contar con la pérdida de atención del alumnado afectado, especialmente en fechas clave como los meses previos a las pruebas de acceso a la universidad.
La subida de las tasas universitarias, unida al endurecimiento de las condiciones para obtener una beca, amenaza con hacer imposible el acceso a la universidad a los hijos e hijas de las clases medias y bajas. Tras una medida encaminada, supuestamente, a fomentar el esfuerzo y el mérito, lo que hay es puro clasismo y un ataque a la línea de flotación de la igualdad de oportunidades. Como dice, muy acertadamente, Xabel Vegas, "no se trata de poner trabas a la mediocridad académica, sino de permitirla solo para quienes puedan pagársela".
El conjunto de medidas enumeradas, presentadas como reformas, no son, atendiendo a la RAE, dignas de tal nombre. Nadie puede entender que sobrecargando de trabajo a los docentes y reduciendo las plantillas de los centros se mejore la educación; tampoco que la masificación de las aulas contribuya a mejorar la atención al alumnado, pese a las "justificaciones" del ministro. No hay persona sensata que defienda como bueno el que las bajas se queden sin cubrir. Y el incremento de las tasas universitarias y el endurecimiento del acceso a las becas -cuya defensa por el ministro produce vegüenza ajena e indignación- no es más que una muestra de clasismo: los hijos e hijas mediocres de las clases pudientes podrán seguir estudiando en la universidad privada.
Por tanto, nada de lo propuesto es susceptible, desde una posición honesta, de ser presentado como innovación o mejora, sino como puro retroceso. ¿A qué viene entonces hablar de reformas del sistema cuando lo único que se pretende es el recorte puro y duro de la inversión en educación?
Lo que sigue es la definición de liquidador de una sociedad: "con la disolución de la sociedad y la apertura del proceso de liquidación, cesan las facultades de representación de los Administradores de la sociedad. Tales facultades son asumidas por los liquidadores, que son aquellas personas encargadas de efectuar la liquidación de la sociedad (cobro de deudas, pago de acreedores, continuar hasta su total terminación los negocios y contratos sociales, formar el balance final de liquidación, hacer la propuesta de división del haber social entre los socios, etc.)". El Sr. Wert ha entrado en el Ministerio de Educación no como un reformador sino como liquidador. Una vez decidido el desguace de la educación pública, tendrá el dudoso honor de "terminar" con todas sus prestaciones mientras nos intenta convencer de que lo hace por nosotros, los usuarios. Si no se lo impedimos entre todos, Wert hará la liquidación. Pero no será por reforma, sino por derribo.
