EL ENEMIGO (III)

Me parece fuera de discusión que, en los 35 años en que nuestro país ha estado regido por políticos democráticos, se ha avanzado, en todos los aspectos, mucho más que en cualquier otra etapa histórica. En España queda mucho residuo de la animadversión hacia los políticos sembrada y abonada durante la dictadura -ya lo decía el propio Franco: "Haga usted como yo, no se meta en política"-. Este colectivo suele ser uno de los enemigos públicos mejor situados -junto con los funcionarios- a la hora de hacerse acreedor de las iras de los ciudadanos y convertirse en culpable de todos los males pasados, presentes y por venir.

Al calor de la crisis resurgen teorías sobre el excesivo número de cargos públicos en España o la desmesura de sus retribuciones. Teorías con una alta dosis de demagogia y populismo que pueden derivar en un descrédito de la Política que, a mi entender, nos llevan por derroteros socialmente peligrosos. 

El caso es que preferimos creernos que, efectivamente, hay demasiados políticos sin comprobar si su número es similar al de otros países europeos. También hemos aceptado durante mucho tiempo que un albañil gane 3.000 euros al mes pero nos parece intolerable que un consejero autonómico o un diputado gane 3.500 ó 4.000. Todos entendemos que un ingeniero jefe de una obra pública gane cantidades parecidas a las citadas porque tiene una alta formación y un trabajo exigente. Sin embargo, de los políticos preferimos pensar que no se la merecen porque carecen de formación, son ineptos y, además, vagos y sinvergüenzas.

Al desprestigio de la actividad política se aplican, incluso, personajes como Esperanza Aguirre o Mariano Rajoy, que llevan viviendo de ella al menos tres décadas. Ambos han lanzado propuestas de reducir el número de miembros en la Asamblea de Madrid y en las corporaciones locales, respectivamente. Estas propuestas cabalgan a lomos de la ola de impopularidad de la política y son más efectistas que efectivas. Por poner un ejemplo, la proporción de concejales que carecen de sueldo municipal excede, con mucho, el 30% que se piensa reducir. ¿Dónde está entonces el ahorro? Además, esta reducción conlleva una pérdida de proporcionalidad en el sistema electoral -ya de por sí poco justo con los partidos minoritarios-. Valga de muestra el caso de Dalías (Almería), actualmente con 11 concejales. En las pasadas elecciones municipales se produjeron los siguientes resultados: IPD, 4 concejales; PSOE, 3 concejales; PP, 2 concejales; PAL, 1 concejal e IU, 1 concejal. Si el número de concejales se redujese un 30%, Dalías contaría con 8 concejales. Con los resultados citados, la distribución sería: IPD, 3 concejales; PSOE, 3 concejales y PP, 2 concejales. El PAL e IU no tendría representación, pese a que cada uno de ellos obtuvo casi un 8% del total de votos válidos.

No obstante, es cierto que hay que aplicar correcciones en el funcionamiento de la actividad política en España. Es necesaria una mejor regulación de las retribuciones de los cargos públicos, de sus derechos y sus obligaciones. En su momento dejé algunas propuestas en este mismo blog. Hay que ajustar el sistema para que sea más representativo, más justo y más transparente. Y hay que reconocer que han sido los políticos quienes se han ganado la desconfianza de los ciudadanos. Quizá sobren algunos políticos, pero no la actividad política. La Política, con mayúscula, tampoco es el enemigo a batir.

Llevo vinculado al PSOE desde hace más de diez años. En todo este tiempo, el único privilegio que he obtenido de mi militancia es el de figurar en la candidatura para Berja que mi partido presentó en las elecciones municipales de 2011. No fui elegido concejal por apenas cuarenta votos. No sé si me puedo considerar un "político" o no, pero me siento responsable de los aciertos y errores de mi partido. No puedo evitar sentirme ofendido cuando escucho esas diatribas de barra de bar en contra de los políticos, sin distinción. La animadversión a la política que se percibe en -casi- cada reunión de amigos o tertulia de compañeros de trabajo me entristece y me hace sentirme impotente ante el descrédito de algo que para mí es algo más que una afición o un hobby. Este blog es un intento de hacer pedagogía de la Política como actividad humana esencial, que forma parte inevitable de nuestra forma de vida. La Política impregna, le pese a quien le pese, todas las actividades del ser humano. Los que nos dedicamos a ella de alguna forma debemos esforzarnos por ser ejemplos de honestidad para aportarle prestigio. Y los que no, deberían esforzarse en valorar su importancia con rigor, abandonando la cultura de la sospecha que lleva a dar por cierta cualquier barbaridad que se impute a un político.

EL ENEMIGO (II)

Terminaba la última entrada de este blog diciendo que ninguno de los supuestos enemigos a los que aludimos habitualmente como culpables de la situación económica española lo es realmente. Con esto no quiero decir que no haya cosas que mejorar en cada uno de los ámbitos citados, pero sin caer en la exageración de caricaturizar instituciones o colectivos que cumplen una labor esencial en nuestra democracia.

Los funcionarios públicos son las personas en las que el Estado delega la responsabilidad de hacer efectivos nuestros derechos fundamentales. La estabilidad de su empleo es una garantía de independencia y de profesionalidad. El hecho de que puedan ejercer sus derechos laborales sin temor a ningún tipo de represalia no debe considerarse un privilegio a extinguir, sino la meta que debemos perseguir para todos los trabajadores. Y la existencia de una minoría -que la hay- que abusa de su condición de funcionario debe animar a los poderes públicos a establecer mecanismos de control que garanticen que todos ellos cumplen debidamente con sus obligaciones, pero nunca debe servir para demonizar al conjunto del colectivo.

El Estado de las Autonomías no es un lastre económico para España. El Estado tuvo superávits del 1,3%, 2,4% y 1,9% del PIB en 2005, 2006 y 2007, respectivamente, gracias, también, a la buena gestión económica de las Comunidades Autónomas. Las críticas de los sectores de la derecha española al Estado autonómico provienen más de su tradicional animadversión a la descentralización política que de realidades objetivas. Pese a ello, hay que introducir mejoras en las Administraciones Públicas españolas de cara a mejorar la eficiencia de la gestión, evitar duplicidades en el ejercicio de competencias y lograr una corresponsabilidad fiscal real de las Comunidades Autónomas -además de eliminar las decimonónicas Diputaciones Provinciales-. La necesidad de mejoras no supone una enmienda a la totalidad del sistema, que ha manifestado muchas más luces que sombras en sus más de tres décadas de vigencia.

Nuestro enemigo no es, pues, el colectivo de funcionarios públicos, ni tampoco el Estado de las Autonomías. Tampoco nuestro estado de bienestar, que nos sale muy barato si tenemos en cuenta todas las prestaciones que nos ofrece -o nos ofrecía-. Valga como muestra que uno de sus pilares, el Sistema Nacional de Salud, está entre los más eficientes del mundo.

EL ENEMIGO (I)

La política de recortes que los ciudadanos padecemos desde mediados de 2010 nos indigna y nos empuja a buscar culpables. Hemos pasado por distintas fases en este proceso, y en cada una de ellas aparece un colectivo sobre el que se descargan, mayoritariamente, las iras de la gente. Para cada nuevo cabeza de turco recibimos una avalancha de correos electrónicos denunciando los supuestos excesos del gremio en cuestión, dándoles credibilidad -con frecuencia- acríticamente.

Los empleados públicos han sufrido, desde 2010, distintos recortes de derechos -el último hace unos días, con la supresión de la paga extra de Navidad de 2012-. No ha faltado quien justifique la merma de sus retribuciones con argumentos del tipo "total, para lo que hacen ... ". Incluso, en un alarde de irresponsabilidad incomprensible, se ha alimentado este tipo de argumentos desde instancias gubernamentales autonómicas o estatales. Todo ello a pesar de que los datos son tozudos e indican que el número de funcionarios en España está por debajo de los países europeos que nos sirven como "modelo". 

Desde posiciones conservadoras -del mundo de la política o la empresa- se nos insiste en que el problema de las cuentas públicas en España proviene del excesivo gasto que supone nuestro -ya maltrecho- Estado del Bienestar. Desde la gran patronal se insiste en este argumento con el único propósito de hincar el diente al jugoso mercado que se abriría con una gestión privada de la educación o la sanidad públicas. Se ignora, deliberadamente, que el gasto social en España es inferior -en porcentaje sobre el PIB- a la media europea.

La llamada "clase política" -denominación que detesto- se viene a indicar también como la causa de nuestra delicada situación económica. En la red circulan todo tipo de informaciones llamando la atención sobre el excesivo número de cargos públicos que hay en España y su propensión al derroche con el dinero público. Además de los bulos de los correos encadenados -puede verse aquí el mejor ejemplo-, los distintos gobiernos del PP también se apuntan -como si les fuese ajena- a difamar la actividad política. En medio de privatizaciones salvajes y recortes de derechos de todo tipo, Esperanza Aguirre propone como "solución" a la crisis en Madrid reducir el número de parlamentarios de la Asamblea y Rajoy pretende reducir en un 30% las corporaciones locales. Ocultan en ambos casos que el ahorro económico sería testimonial frente a una merma importante en la representatividad de los parlamentos regionales o las corporaciones locales -a menos escaños, menor posibilidad de representación de las minorías políticas-.

El Estado de las Autonomías implantado a raíz de la Constitución de 1978 ha resultado ser otro chivo expiatorio en el que buscar la causa de nuestros males. Cada vez más voces de la derecha repiten el mantra de que resulta un despilfarro mantener 17 administraciones públicas. Ignoran, de nuevo a conciencia, que las Comunidades Autónomas tienen un endeudamiento muy inferior al de la Administración del Estado, a pesar de que prestan los servicios públicos más onerosos, como la sanidad o la educación.

El hecho, pues, es que cada cuál busca su enemigo allí donde le pide el cuerpo, sin dar una oportunidad al rigor que podría estropear la convicción en el correspondiente prejuicio. Así, muchos desempleados culpan a los funcionarios por no ejercer como Dios manda el derecho a trabajar -ellos que pueden-. Los funcionarios suelen defenderse quejándose del exceso de políticos y de su falta de control del gasto. Y los políticos del PP se defienden a menudo culpando al "excesivo" gasto social o al "despilfarro" que supone el Estado Autonómico o la misma democracia.

Pero el enemigo no está en ninguno de los factores citados. El número de empleados públicos no es exagerado ni tampoco sus retribuciones; nuestro Estado de Bienestar, aunque con carencias, ha conseguido un alto nivel de prestaciones en relación con lo que se invierte en él; los políticos que rigen nuestra democracia suponen una proporción de la población similar a la de cualquier país europeo -disminuir su número puede acabar convirtiéndose, simplemente, en recortar la democracia- y nuestro Estado de las Autonomías no supone un gravamen adicional a las cuentas públicas y ha contribuido a un mejor equilibrio territorial en la prestación de servicios.