Cuando escribo estas líneas son noticia en todos los medios de comunicación las últimas actuaciones de la juez Alaya en el conocido caso de los ERE. Celebro la actitud del Presidente de la Junta de Andalucía, que hoy se ofrecía a comparecer donde haga falta para ofrecer cuantas explicaciones le sean demandadas por este caso. Esta postura no es más que la continuación de la forma de actuar que Pepe Griñán ha demostrado desde que surgió este escándalo, puesto que desde el principio promovió que la Junta de Andalucía denunciase el caso y aportase toda la documentación existente para la persecución de los posibles delitos que se hayan producido. Además, la administración autonómica andaluza se personó en la causa, buscando el esclarecimiento de los hechos y la recuperación del dinero público robado a los contribuyentes andaluces.
Sin pretender quitarle gravedad a un asunto que, por ahora, parece que ha supuesto la malversación de más de 100 millones de euros en diez años, creo que el contraste con la actitud adoptada por el PP en los casos de corrupción en los que está envuelto es evidente. Solo desde la más absoluta necedad o la mala fe pueden ponerse a la misma altura las actuaciones de ambos partidos en este caso y en, por ejemplo, el caso Bárcenas-Gürtel.
La actitud del Partido Popular ante sus casos de corrupción suele pasar por tres fases diferenciadas cuando surgen los escándalos. La primera es la negación tajante de cualquier irregularidad; la segunda, empreder acciones legales intimidatorias hacia los medios de comunicación que denuncian el caso -la vieja estrategia de "matar al mensajero"-. Cuando el escándalo ya es imposible de ocultar y pasa a la esfera judicial entra en juego la tercera fase: personarse como acusación en el proceso. Pero, pese a lo que pueda parecer, este tercer paso no es más que la continuación de los anteriores. Cuando el PP ejerce de acusación en sus casos de corrupción no busca esclarecer los hechos. Muy al contrario, su estrategia es la de torpedear el proceso desde dentro, introduciendo todo tipo de maniobras legales dilatorias o extendiendo el manto de la sospecha sobre el juez de turno -si piensan que no les favorece-, con recusaciones y artificios legales de todo tipo. El mejor ejemplo de esto es lo ocurrido en el Caso Gürtel, cuyo único condenado, a día de hoy, es el ya exjuez Baltasar Garzón.
En el caso de los ERE andaluces, la Junta y el PSOE han adoptado una actitud de respeto y colaboración con la Justicia. A pesar de que las actuaciones de la juez Alaya han sido, a menudo, llamativas. El último ejemplo lo constituye el hecho de que, nada más reincorporarse a su juzgado tras seis meses de baja médica, haya emprendido una nueva operación policial en relación con el caso, con numerosas detenciones y la reactivación del "ruido mediático" que rodea este proceso. ¿Es posible, con esta celeridad, ponerse al día de un asunto de esta trascendencia tras una desconexión de seis meses?
Los cargos públicos y orgánicos del PP dejan ver muy claramente cuál es el argumentario del partido en relación con el Caso Bárcenas: contraatacar con los ERE de Andalucía y la imputación de José Blanco en la Operación Campeón. Sin negar, insisto, la gravedad de cualquier caso de corrupción o presunta corrupción que afecte al PSOE, lo que no se puede tolerar es que ese contraataque interesado se base en simples mentiras o poniendo al mismo nivel hechos que no resisten la mínima comparación honesta.
La mentira más repetida en relación con los ERE es que el caso ha supuesto el robo de 1.000 millones de dinero "de los parados". El hecho es que, la totalidad de los fondos empleados en los ERE durante diez años, se acerca a esos 1.000 millones. Pero lo cierto es que, de los miles de expedientes tramitados -que han supuesto librar de situaciones muy comprometidas a trabajadores que, de otra forma, no habrían vuelto al mercado de trabajo- solo alrededor de 150 han sido fraudulentos. Respetar la realidad no resta gravedad al escándalo, pero contribuye a que tratemos las cosas en sus justos términos.
Y la comparación de Bárcenas con José Blanco no es más que una muestra más de cinismo. Es cierto que José Blanco está imputado en un proceso judicial en curso. Y es cierto que la dirección del PSOE le respalda y no le ha pedido que renuncie a su acta de diputado, cosa que el propio Blanco ha anunciado que hará -y yo lo creo- si se abre juicio oral contra él. El PSOE corre el riesgo de equivocarse en su defensa de Blanco si finalmente resulta enjuiciado y condenado. Es un riesgo que el PSOE asume porque cree en la inocencia de José Blanco. Pero para que ambos casos fuesen comparables sería necesario que el PP confiase en la inocencia de Luis Bárcenas y siguiese defendiéndola.
