LA RESACA

La crisis del gobierno de coalición en Andalucía ha dejado una suerte de resaca, un runrún en la cabeza de unos y otros que nos indica que va a ser difícil volver a la normalidad. No voy a volver sobre lo dicho -en la última entrada del blog- e insistir en la sobreactuación de casi todos en este asunto. Tampoco quiero pasar ahora por más susanista que Susana, pero estoy convencido de que mi actuación en esta crisis se habría parecido bastante -con algún matiz- a la de la Presidenta de la Junta de Andalucía de haber estado en su lugar. Lo que me llama la atención de la post-crisis son ciertos análisis hechos desde sectores progresistas para justificar la actuación de la Consejera de Fomento y Vivienda en estos hechos.

Dos artículos -uno de Javier Gallego y otro de Juan Torres- publicados en estos días sugieren abiertamente -más claramente el segundo- que la causa de la crisis en la coalición es la negativa de Susana Díaz a asumir la desobediencia civil como forma de gobierno. Se lleva así el debate a un terreno resbaladizo en el que se confunden, no sé si conscientemente, las actitudes que pueden tener ante un problema social los individuos y los gobiernos.

La desobediencia civil es una herramienta de lucha ciudadana contra situaciones de injusticia amparadas por la ley. No soy un experto en el tema, pero creo que la definición que puede verse aquí es más que aceptable. La desobediencia civil es una forma legítima de lucha contra situaciones de opresión o injusticia derivadas del cumplimiento de leyes formalmente democráticas. La actitud de quienes, en situación de absoluto desamparo, optan por ocupar ilegalmente una vivienda cerrada propiedad de un banco me parece perfectamente legítima -con independencia de lo que cada cuál haríamos en situaciones parecidas-. Se satisface así la necesidad de vivienda de estas familias -derecho fundamental- y se denuncia públicamente una situación profundamente injusta: que entidades bancarias que han recibido grandes sumas de dinero público mantengan cerradas viviendas de su propiedad y se nieguen siquiera a destinarlas a alquiler social. Y de paso, y no es un tema menor, se denuncia que los poderes públicos no metan en cintura a estas entidades bancarias.

No se trata, por tanto, de cuestionar la actitud de quienes ocupan las viviendas. Estas personas hacen un ejercicio de desobediencia civil perfectamente comprensible; es a los ciudadanos y ciudadanas a quienes corresponde, individual o colectivamente, adoptar este tipo de iniciativas. Los gobiernos, por contra, no pueden ejercer este tipo de acciones, por mucha justicia que se defienda con ellas.

Es legítimo que la ciudadanía, perjudicada por leyes que considera injustas y que no puede cambiar, opte por la desobediencia. Bien distinta es, en cambio, la actitud a adoptar por un gobierno ante la misma situación. Los gobiernos democráticos se sustentan en mayorías parlamentarias y son los parlamentos quienes ostentan el Poder Legislativo. Por tanto, ¿es lícito que los representantes del pueblo, autores de las leyes, las incumplan? ¿Tiene sentido que quien ostenta el poder para hacer normas promueva su incumplimiento? En mi opinión, no. Su deber, en todo caso, es impulsar cambios legislativos para que Justicia y Legalidad sean cosas los más parecidas posible. Y es lo que ha hecho el gobierno de coalición andaluz, por ejemplo, con la Ley de Función Social de la Vivienda. Esa es la forma de rebelarse contra la injusticia cuando se está en el gobierno, y no desobedecer leyes como parece desprenderse de las opiniones que se ven en estos días.

Cierto es que cambios legales como el que se ha citado se han visto cercenados -desgraciadamente- por los recursos del Gobierno de la Nación en los Tribunales de Justicia. ¿Hay que desobedecer entonces las resoluciones de los tribunales? Entraríamos así en un camino más peligroso aun. Si no aceptamos estas resoluciones, ¿cómo defender el triunfo de la Marea Blanca en Madrid, que ha paralizado por vía judicial la privatización de hospitales públicos? ¿Cómo criticaríamos el incumplimiento, por el Ministerio del Interior, de la Ley de Extranjería con las "devoluciones en caliente"? La frustración que sentimos por ver frenada la aplicación de esta ley con recursos espurios no puede descargarse instando al incumplimiento de las resoluciones judiciales.

No deja de ser lamentable que nadie haya puesto el foco en la actuación del PP -especialmente el PP andaluz-, responsable de que esta ley no esté en vigor -con lo que se evitarían situaciones como la que ha dado lugar a esta crisis-. Este partido ha permanecido como espectador en todo este asunto, más preocupado por disfrutar de las discrepancias de los socios de gobierno que de resolver los problemas de los ciudadanos. Esa es su escala de prioridades. Los demás, aparte de discrepar sobre maneras de hacer -civilizadamente, evitando el debate twittero de brocha gorda-, nos deberíamos aplicar a denunciar ante la ciudadanía la actitud de quienes han tomado partido por la defensa incondicional de los intereses de los bancos frente a los de los ciudadanos y ciudadanas andaluces.

¿QUIÉN QUIERE LA RUPTURA?

Tanto en el PSOE como en IU existe una parte de la militancia y la base social que ni quieren ni han querido nunca el pacto de gobierno en Andalucía. No sé si son muchos o pocos, pero es evidente la existencia de este sector que no se siente cómodo en el pacto, en ambas fuerzas políticas.

En Izquierda Unida, la animadversión histórica al Partido Socialista no ha cesado con la formación del gobierno de coalición. Llama la atención cómo muchos de sus cargos públicos y orgánicos, a los que tengo por personas sensatas, se aplican a hurgar en la grieta abierta en el gobierno andaluz. Puedo entender la discrepancia entre ambos partidos, pero no que, con ocasión de la primera diferencia seria en la coalición, surjan tendencias centrífugas tan manifiestas y la gente no se preocupe de medir sus declaraciones y evitar echar más leña al fuego. Además, existe una parte de su base social que considera prescindibles las cautelas legales a la hora de ejecutar políticas sociales. Se defienden abiertamente medidas genuinamente revolucionarias que, en el marco actual, no se ajustan a la ley. Quizá algunas de ellas sean convenientes, pero habrá que encauzarlas dentro del marco legal establecido, reformarlo si se considera necesario, y asumir los condicionantes judiciales que vayan surgiendo como consecuencia de los recursos que el Gobierno de la Nación presente ante los tribunales. La política "guay" que entiende que no hay que tener remilgos legales al meter mano a asuntos de interés social no es compatible con la responsabilidad que entraña formar parte de un gobierno.

En el PSOE, hay un sector del partido que ha visto con recelo desde el principio el pacto de gobierno. Como todo el mundo sabe, hay muchos militantes y simpatizantes socialistas -por desgracia, a mi entender- que conciben nuestro partido como una especie de PP de marca blanca: más moderado, más tolerante, con una apariencia progresista, pero que en el fondo no pretende ningún cambio social de calado. Es un sector acomodado en el socialismo de escaparate y de discurso vacío, si es que puede llamarse socialismo a esa forma de pensar. Son los socialistas, como alguien dijo una vez, de "carnet del PSOE en cartera de Loewe", los que tienen una posición política claramente de centro, sin ninguna inquietud social que vaya más allá de la defensa de algunos derechos civiles. Este sector también se está lanzando a la crítica pública y descarnada hacia los compañeros de coalición, como si fuese gratis aumentar la tensión o, más aun, fuese una oportunidad para librarse de tan incómodos compañeros de viaje.

Me gustaría pensar que, en ambas fuerzas políticas, somos mayoría los que pensamos que el pacto de gobierno ha abierto unas expectativas de defensa de los intereses de los más débiles impensables en vísperas de las últimas elecciones autonómicas de 2012. El pacto, con todas sus limitaciones y el contexto económico adverso en el que tiene que desenvolverse, es la única opción de progreso que hoy -y probablemente en mucho tiempo- tenemos en Andalucía. Espero que todos los que, en el PSOE e IU, hemos vivido estos dos días con preocupación por la posibilidad de ruptura, sepamos impulsar la cordura en nuestro ámbito de actuación, haciendo posible una solución a la crisis de gobierno. 

Después de haber leído las informaciones aparecidas en la prensa, entiendo la postura de ambas partes y creo que cada una ostenta una parte de la razón. Solo respaldaría al 100% la postura de la Consejería de Fomento y Vivienda si tuviese absolutamente claro que no hay ni una sola familia en Sevilla que necesita una vivienda tanto como cualquiera de las desalojadas; que no se ha aceptado como mérito para obtener una casa haber ocupado un edificio, frente a quienes han sido más respetuosos con las normas establecidas y no lo han hecho. Y solo entendería completamente la postura de la Presidenta de la Junta de Andalucía si estuviese seguro de que se ha realojado de forma urgente a familias que no están en situación de riesgo de exclusión social o con menores a su cargo, que eran las situaciones previstas en el auto judicial que provocó el desalojo.

No sé si las posiciones encontradas son una pose política para marcar distancias en la antesala de la ruptura. Pero antes de embarcarse en aventuras de ningún tipo, todos, en IU y PSOE deberíamos tener claro que la única alternativa a este pacto es un gobierno de la derecha. Si eso es lo último que queremos, ¿quién quiere la ruptura?