El pasado 22 de diciembre, el Pleno del Ayuntamiento de Berja adjudicó -con el voto en contra del PSOE- el “servicio integral de iluminación exterior” a Vialterra Ingeniería y Construcción S. L., empresa jienense vinculada a un conocido empresario local. Tratemos de esclarecer cuáles son los argumentos con los que nos han vendido esta operación y sus supuestos beneficios -y riesgos- para el municipio.
La empresa nos deberá ofrecer cuatro prestaciones: el suministro de energía de las instalaciones municipales y del alumbrado público -incluida la caldera de la piscina municipal-, el mantenimiento de dichas instalaciones, una “garantía total” en lo que se refiere a averías y, finalmente, la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones. Es decir, la empresa se hace cargo de los contratos de luz y gas del Ayuntamiento, hace el mantenimiento de las instalaciones y renueva las mismas para conseguir mayor eficiencia energética. En este último aspecto radican sus posibilidades de negocio: si reduce el consumo energético de las instalaciones, todo lo que ahorre engrosará sus beneficios. Por tanto todo es aparentemente razonable: el Ayuntamiento paga a la empresa un canon anual para que preste el servicio, la empresa invierte sin que el Ayuntamiento tenga que desembolsar dinero en renovar las instalaciones, y del ahorro obtenido la adjudicataria extrae su legítimo beneficio. Así que, ¿todos contentos? Vayamos por partes.
La primera cuestión a abordar es ¿hay necesidad de acometer esta privatización? En opinión del PSOE de Berja, no. En los años 2009 y 2010 se desarrollaron los llamados Plan E -del Gobierno de España- y Plan Proteja -de la Junta de Andalucía-. Estos planes de estímulo económico pusieron en manos de los ayuntamientos enormes cantidades de dinero para obra pública. El Ayuntamiento de Berja contó con más de cinco millones de euros de estos fondos, de los cuáles invirtió alrededor de un millón en renovación de alumbrado. Por tanto, cabe preguntarse: ¿cuál es la inversión necesaria para actualizar nuestro alumbrado? ¿es necesario contratar a una empresa externa para que lo haga? Si, como reconoce el equipo de gobierno municipal, se renovó entonces el 80% del alumbrado, ¿no puede el Ayuntamiento acometer, por sí mismo, la renovación del 20% restante? ¿para qué se gastaron los y las virgitanas tanto dinero en alumbrado hace apenas cinco años? Desde el equipo de gobierno no han respondido a estas preguntas. Tampoco han aceptado sugerencias sobre otras formas de conseguir fondos para acometer las mejoras pendientes: medidas de ahorro con el alumbrado existente, fondos de Planes Provinciales o concurso público para unificar los contratos de suministro energético del Ayuntamiento. Si la inversión pendiente se afrontase por el Ayuntamiento, el ahorro obtenido -que podría reinvertirse en nuevas mejoras- revertiría en las arcas municipales en lugar de ir a parar al bolsillo de empresas privadas. En opinión del PSOE de Berja, esto sería lo deseable.
Segunda cuestión, ¿realmente se producirá un ahorro sustancial con esta privatización? En opinión del PSOE, no. El precio de adjudicación del servicio es de 451.326,38 € -revisable anualmente en función, entre otras cosas, de la evolución de los precios de la energía-, mientras que el gasto total por todos los conceptos que asumirá la empresa de servicios energéticos fue en 2013 -último ejercicio del que se dispone de datos definitivos- de 493.908,51 €. Teniendo en cuenta que, según los pliegos de la concesión, el Ayuntamiento tendrá que abonar fuera del canon el coste del alumbrado extraordinario -feria, fiestas, Navidad, etc.-, el ahorro real no llegará a los 40.000 euros anuales, haciendo un montante total de menos de 500.000 euros en toda la vida del contrato -12 años-, y no de un millón como se ha dicho desde el equipo de gobierno. En opinión del Grupo Socialista, es un ahorro que puede conseguirse con otras medidas a tomar en la red de alumbrado sin asumir el riesgo que entraña una privatización de este tipo. Además, en el presupuesto municipal de 2015 se consignan, aparte del canon mencionado, partidas de gasto en suministro de energía, mantenimiento, mejora de alumbrado y suministro de gas, ascendiendo el gasto total a 573.326,38 €, sin que, hasta hoy, el equipo de gobierno haya dado una explicación de por qué ocurre esto si la empresa debe prestar el servicio íntegramente con cargo al canon. Con los datos que se consignan en el presupuesto, por tanto, no solo no hay ahorro sino que se incrementa el gasto.
Tercera cuestión, ¿está exenta de riesgos esta privatización? En opinión del PSOE de Berja, no. La prestación de un servicio público por una empresa privada siempre -SIEMPRE- supone inconvenientes. ¿Qué ocurrirá si un ciudadano reclama una mejora o la reparación del alumbrado público de su calle? ¿tendrá que exigirla al concejal de turno o a la empresa privada? Si los usuarios de la piscina cubierta no están satisfechos con la climatización, ¿se podrán quejar al personal que atiende el pabellón de deportes? ¿podrá éste dar respuesta a sus quejas? Estos y otros posibles problemas similares no son cuestiones menores. El responsable político está obligado a rendir cuentas a la ciudadanía y será sensible a las demandas de la gente pero ¿lo será la empresa, que tiene asegurado su negocio durante 12 años, gobierne quien gobierne? ¿Qué ocurrirá si la empresa incumple sus obligaciones? Sobre el papel, el Ayuntamiento podrá exigir el cumplimiento de los pliegos de condiciones pero, ¿qué ocurre en la realidad? Como muestra un botón: la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura no ha puesto ni uno solo de los nuevos contenedores de carga lateral -un total de 220- que comprometió hace cinco años, sin que el Ayuntamiento haya podido -¿no ha sabido? ¿no ha querido?- poner orden en esta situación. Y más posibles problemas: si el Ayuntamiento incurre en un retraso de cuatro meses en los pagos a la empresa, ésta está facultada por los pliegos de condiciones para “suspender el cumplimiento del contrato”. ¿Qué significa esto? ¿Puede ocurrir que la empresa deje sin suministro a parte del alumbrado o a edificios municipales, incluidos colegios públicos? Nadie del equipo de gobierno ha dado respuesta a esta pregunta, a pesar de que es una hipótesis verosímil si se tiene en cuenta que, por ejemplo, a la empresa concesionaria del servicio de recogida de basura se le adeudan alrededor de 20 facturas -por valor de más de dos millones de euros-. ¿Qué ocurrirá con este servicio si se llega a una situación similar?
En conclusión, la privatización del servicio más parece pensada para garantizar el negocio de la empresa adjudicataria que los intereses generales del municipio. Se trata de una concesión a 12 años -lo que supone el mandato de tres corporaciones distintas- con un precio de licitación total que sobrepasa los seis millones de euros. Es una decisión de enorme trascendencia para el municipio que ha venido a proponerse en la recta final de la legislatura. Es por esto que el Grupo Municipal Socialista solicitó en Pleno la paralización del proceso y que el Partido Popular -que no llevaba en su programa electoral de 2011 esta propuesta- fuese leal a sí mismo y a la ciudadanía de Berja e incluyese esta privatización en su programa para las elecciones municipales de 2015. De conseguir el respaldo mayoritario de la ciudadanía, estaría legitimado para llevar este proceso adelante. Por desgracia, han preferido hurtar a las virgitanas y virgitanos su capacidad de decisión directa sobre este asunto.
Artículo publicado en el número de febrero de Berja Información.
