jueves, 5 de octubre de 2017

(CASI) TODO LO QUE PIENSO SOBRE CATALUÑA

El Govern de Carles Puigdemont ha llevado su deriva independentista hasta mucho más allá de lo tolerable. Un gobierno, sea cual sea, basa su acción en una mayoría parlamentaria que ejerce el poder legislativo y no puede, en ningún caso, violentar la ley por muy legítimo que sea el objetivo a perseguir. No cabe la desobediencia a las leyes por quienes tienen la facultad de cambiarlas, por difícil -o acaso imposible- que esto sea.

Se anuncia una declaración unilateral de independencia por el Parlament de Catalunya para el próximo lunes. Es evidente que, en tal caso, la aplicación del artículo 155 de la Constitución será inevitable y cualquier fuerza política con un mínimo sentido de Estado no podría hacer otra cosa que apoyar esta medida.

Mariano Rajoy ha dejado pudrirse esta crisis con su habitual indolencia. Negándose una y otra vez a reconocer la existencia del problema hemos llegado hasta aquí sin que se haya ofrecido al gobierno de Cataluña ningún tipo de salida negociada para este conflicto. Rajoy preside un partido que ha renunciado a tener relevancia alguna en Cataluña o Euskadi pensando que su política hacia estos territorios le es rentable en el resto de España. En este sentido, el Partido Popular se rige por el "cuanto peor, mejor", y carece de cualquier vocación de solución del problema.

El referendum celebrado el pasado domingo carece de cualquier tipo de garantías para considerar válido o representativo su resultado. Al margen de las anomalías de bulto en su convocatoria y gestión, es un referendum en el que media Cataluña se ha sentido excluida y en el que ha renunciado a participar.

Una vez despojado, vía judicial, el pretendido referendum de toda suerte de validez legal, resultaba torpe y absurdo -salvo que se hiciera con fines propagandísticos- pretender evitar el hecho físico de su celebración por la fuerza. Las cargas policiales contra ciudadanos pacíficos que quieren ejercer, aun conscientes de su falta de validez legal, su voluntad de expresarse en las urnas no están justificadas en absoluto. Para colmo, la vergüenza internacional de que se ha hecho acreedora España apenas sirvió para cerrar un centenar escaso de centros de votación, de los casi 2500 en toda Cataluña.

La derecha nacionalista catalana -antes CiU, ahora PDCat- ha visto en la causa independentista una espesa cortina de humo con la que ocultar su podredumbre por la corrupción y los salvajes recortes sociales de sus gobiernos. De forma simétrica, el ruido producido por esta deriva ha servido también al PP para lo mismo.

El sentimiento nacionalista en Cataluña no es un invento de sus gobernantes que el pueblo catalán ha asumido de forma ciega. Es imposible que, en un régimen democrático y pluralista, surja de la nada una cuasimayoría social que apueste por la independencia como solución a sus problemas. Si esta mayoría existe es porque hay un problema histórico latente sobre el encaje de Cataluña en el marco del Estado. Quien lo niega lo hace por ignorancia o por puro cinismo.

Las pretensiones de la población nacionalista no se pueden despachar con lecciones de Historia -aduciendo que nunca hubo una Cataluña independiente- ni de Derecho Constitucional -diciendo que la independencia es imposible e innegociable legalmente-. Aunque fuese así -y habría que tener en cuenta que tanto los hechos históricos como los preceptos legales son interpretables- eso no quitaría un ápice de legitimidad a quienes, cualquiera que sea su fundamento, defienden que la independencia es la mejor opción para su tierra. 

La intervención del Rey Felipe VI en la crisis, en la tarde de ayer, ha sido totalmente contraproducente. Dando por hecho que el monarca no puede compartir ninguna pretensión independentista, su obligación habría sido ejercer el poder moderador que le otorga la Constitución, no hacer como mero agente de parte cargando toda la responsabilidad sobre el Govern catalán y sin ofrecer el más mínimo margen al diálogo entre instituciones. Debería haberlo hecho porque, a la postre, también es el rey de los catalanes independentistas. Desde ayer, y con su intervención, la independencia de Cataluña está más cerca y la III República también.

El PSOE debe recuperar sin ambages la defensa de un referendum legal y pactado entre el Estado y la Generalitat, que ya fue defendido durante algún tiempo por el PSC. Hacer seguidismo del PP en este asunto es, además de irresponsable, suicida.

El Estado y la Generalitat deberían dialogar y promover, de forma pactada, una consulta no vinculante en Cataluña sobre la independencia. La lectura de los resultados debería inspirar una reforma constitucional que adecúe nuestro marco legal a las demandas de autogobierno de Cataluña o cualquier otra comunidad del Estado y, llegado el caso, reconozca la posibilidad de secesión bajo condiciones razonables -en ningún caso una exigua mayoría del 51%-. En esto podría ser un referente internacional la Ley de Claridad canadiense en referencia a Quebec.

Yo quiero que Cataluña siga siendo parte de España. Pero para conseguirlo tenemos que ofrecer a la población catalana una propuesta de vida en común que le resulte atractiva. Pretender perpetuar la pertenencia de Cataluña a España por la fuerza y en contra del deseo mayoritario de su población no merece llamarse convivencia. Eso tiene otro nombre. 

Si la supuesta declaración unilateral de independencia se prevé para el lunes, tenemos cuatro días -con sus noches- para explorar a toda costa la posibilidad de evitarla. Dado que Mariano Rajoy no parece dispuesto a mover un dedo -ha rechazado las ofertas de mediación que Puigdemont había aceptado-, insto al PSOE y a Pedro Sánchez a tomar la iniciativa y convocar a todas las fuerzas políticas -en Madrid y en Cataluña- dispuestas a tratar el asunto mañana mismo. 

Si, finalmente, hay declaración unilateral de independencia y se produce la intervención del Estado, la respuesta social que va a producirse en Cataluña dejará a la altura de una broma lo ocurrido el pasado domingo. El Estado vencerá, sin duda, en esta pugna. Pero la brecha abierta tardará siglos en cerrarse, si es que se cierra. No podemos permitirlo.