sábado, 24 de septiembre de 2011

EL CATALÁN

La última sentencia del TSJC abre la puerta a la modificación del sistema educativo catalán, en lo que a su lengua vehicular se refiere. Ésta es una cuestión siempre polémica, pues es muy fácil un tratamiento demagógico del asunto, sobre todo por sectores de opinión próximos al Partido Popular u otros de tendencia nacionalista española. 

Se supone que todos en España respetamos la Lengua Catalana y queremos dotarla de especial protección. Los catalanoparlantes, por razones obvias. Y los demás, porque mayoriamente creemos en la Constitución como norma fundamental del Estado, y ésta dice, en su Artículo 3, que "la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección".

No se puede guardar un idioma en un museo. La única medida de protección eficaz de una lengua es su uso. Una lengua que no se usa, que  carece de hablantes, se muere. En Cataluña, a pesar de varias décadas de vigencia de la inmersión lingüística en el sistema educativo, el Castellano sigue siendo -según diversas estadísticas- la lengua más hablada en la calle. Su enorme fuerza social, como lengua habitual de una comunidad internacional de 500 millones de hablantes y su presencia masiva en los medios de comunicación, hace que su presencia sea arrolladora allí donde comparte espacio con una lengua de ámbito regional. Luego, si somos consecuentes con nuestra intención de respetar y proteger la Lengua Catalana, no nos queda otra que arbitrar medidas de discriminación positiva hacia dicha lengua -aun reconociendo que algunas de las medidas puestas en marcha hasta ahora no han sido, en absoluto, afortunadas-.

La inmersión lingüística no ha conseguido convertir en catalanoparlantes a todos los catalanes escolarizados desde los años ochenta. Pero sí ha conseguido evitar la división social que se habría producido con un modelo segregador en función de la lengua materna. Todos los escolares catalanes tienen en común el conocimiento del Catalán, independientemente de si es o no su lengua habitual. En una comunidad en la que el Catalán es tan oficial como el Castellano -según la Constitución son lenguas cooficiales, ninguna prevalece sobre la otra-, el conocimiento del Catalán es una garantía de igualdad de oportunidades para todos los catalanes, sea cuál sea su origen. Pero la educación en Catalán consigue algo más que eso: evita la fractura social en dos comunidades por razones lingüísticas, ha evitado que los hablantes de Castellano y Catalán hayan vivido de espaldas los últimos treinta años. Esto último, que puede parecer exagerado, es un riesgo verosímil con un sistema educativo segregador. Véase si no el caso de Bélgica y la división entre Flamencos y Valones.

El problema que se achaca al sistema de inmersión lingüística es que no garantiza el aprendizaje del Castellano para los alumnos procedentes de familias que, por la razón que sea, no quieren que el Catalán se convierta en la lengua habitual de sus hijos e hijas. Sin embargo, aquí los datos también son tozudos, y diversos estudios avalan que el modelo no perjudica el aprendizaje del Castellano.

Entonces, si defendemos que el Catalán -junto con las demás lenguas de España- debe ser objeto de protección, si aceptamos que solo el uso puede asegurar la subsistencia de esta lengua, si entendemos que es una herramienta de cohesión social en Cataluña y sabemos que, a pesar de la inmersión, los niños y niñas catalanes aprenden Castellano en igual o mayor medida que Catalán, y con el mismo o mayor nivel de competencia que otros niños y niñas españoles, ¿alguien puede decirme cuál es el problema?


sábado, 4 de junio de 2011

IU, LA LEY ELECTORAL Y LA AUTOCRÍTICA

Es una de las reivindicaciones "estrella" del movimiento 15-M: la reforma de la Ley Electoral. Pero, ¿qué sabemos del sistema electoral español? Se acepta, como lugar común, que es injusto, pero ¿por qué? ¿es injusto con todos o solo con algunos? 

Posicionarse a favor o en contra de algo solo llevado por la corriente de la opinión pública o del colectivo al que se pertenece siempre me ha parecido poco inteligente. Hay que informarse de las cosas para formarse una opinión propia, aunque en España somos muy dados a defender o atacar con uñas y dientes lo que toque en cada momento sin saber antes de lo que estamos hablando. Dado que este fenómeno me parece lamentable y también -supongo- por una cierta deformación profesional, me dispongo a hacer un poco de pedagogía sobre el asunto, apoyado en los humildes -aunque creo que suficientes- conocimientos que tengo sobre él. 

Empecemos por decir que, efectivamente, el sistema electoral es injusto: hay partidos cuya representación institucional no se corresponde con su respaldo electoral. Los detractores del sistema echan mano a menudo de algunas leyendas urbanas que justificarían tales injusticias: que si las abstenciones se cuentan como votos favorables al partido ganador, que si a IU se le pone un mayor "precio" por cada escaño, etc. La realidad es que el perjuicio a IU, que existe, no proviene de ninguno de los motivos citados -que son falsos-. El problema de IU es que, en unas elecciones generales o autonómicas, el reparto de escaños no se hace en función del número de votos totales obtenidos. Por contra, los escaños se asignan por circunscripciones, que para el caso de las elecciones citadas son las provincias. La Ley Electoral establece, además, que es necesario obtener al menos el 3% del voto para optar a un escaño en una circunscripción.

La causa de la infrarrepresentación de IU puede entenderse con el siguiente ejemplo: supongamos que tenemos 5 circunscripciones y en cada una de ellas es necesario obtener 20 votos para obtener un escaño. El partido A presenta candidatura en las cinco circunscripciones, obteniendo 15, 18, 12, 19 y 14 votos, respectivamente, en cada una de ellas. El partido B solo presenta candidatura en dos de las cinco circunscripciones, obteniendo 42 y 31 votos, respectivamente. El partido A no obtiene ningún escaño, por no alcanzar los 20 votos en ninguna circunscripción. El partido B obtiene 3 escaños (2 en la primera circunscripción y 1 en la segunda). La injusticia es que el partido A, teniendo en total 78 votos, no obtiene representación mientras el partido B, teniendo un total de votos de 73, obtiene 3 escaños. 

El ejemplo anterior ilustra bien la causa de agravios como el siguiente: en las pasadas elecciones generales de 2008, CiU, con el 3,05% del voto, obtuvo 11 diputados; IU, con el 3,8% del voto, obtuvo 2 diputados. La concentración del voto de CiU en solo 4 circunscripciones, frente a la dispersión del voto de IU, hace posible esta paradoja.

Ésta es la situación que hay que corregir, mejorando la proporcionalidad del sistema -haciendo que el porcentaje de voto y el porcentaje de escaños se asemejen lo máximo posible-. Y hay alternativas viables para hacerlo, por ejemplo la que se puede ver en el siguiente enlace:

Sistema electoral alternativo - Universidad de Granada

Dicho todo lo anterior, y dejando claro que el sistema es injusto con los partidos minoritarios de ámbito estatal -como IU-, animo a los militantes y dirigentes de IU a algunas otras reflexiones. Y es que no se puede usar la coartada del sistema electoral para justificarse en cada convocatoria electoral. Por las siguientes razones:

1. Las situaciones de injusticia descritas se producen en elecciones generales o autonómicas, no en municipales o europeas, puesto que se rigen por el sistema de circunscripción única.

2. En las elecciones municipales y autonómicas del pasado 22 de mayo, el auge del movimiento 15-M hacía presagiar un intenso trasvase de voto desde el PSOE a IU. Por dos motivos: las reivindicaciones podían verse reflejadas en los programas de IU y, además, esta plataforma pedía que no se votase a los partidos mayoritarios. Sin embargo, mientras el PSOE ha perdido más de 7 puntos porcentuales del voto que obtuvo en la convocatoria de 2007, IU apenas ha ganado 0,8 puntos porcentuales con respecto a dicha convocatoria.

3. El ejemplo más gráfico de todos: con este sistema electoral injusto -que la hizo descender a sus testimoniales 2 diputados en 2008- IU obtuvo 17 diputados en 1989, 18 en 1993 y 21 en 1996.

Amigos de IU, que los árboles os dejen ver el bosque. Os animo a que sigáis reivindicando el cambio del sistema electoral, por justicia. Pero eso no os exime de la necesaria autocrítica.