De nuevo se denigra a los andaluces a cuenta del PER. El diputado catalán Duran i LLeida, en una especie de calentón mitinero, se queja de que mientras los payeses catalanes tienen que dejar los frutos en los árboles porque no les sale a cuenta recogerlos, los jornaleros andaluces cobran -de las aportaciones económicas de Cataluña al Estado, afirma- por pasar el día en el bar del pueblo.
Sorprende, para empezar, que el Sr. Durán pretenda pagar los frutos a los payeses con el dinero del PER andaluz y extremeño, pues yo no le tenía por partidario de la intervención del Estado en el libre mercado, siendo como es de centro-derecha. Sería interesante saber cuándo se cayó del caballo del liberalismo económico para convertirse a la economía planificada.
Con el PER, hoy llamado Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA), suele incurrirse una y otra vez en inexactitudes no exentas de mala fe, con el propósito de contraponer la laboriosidad de unos con la desidia de otros. El PFEA no es un subsidio, es un programa de inversiones del INEM para la construcción de pequeñas obras de infraestructura en municipios rurales de Andalucía y Extremadura. El dinero destinado al PFEA se dedica a pagar la ejecución de obras en estos pueblos, incluyendo el coste de los salarios que sean necesarios. El objetivo, además de la construcción en sí de las infraestructuras, es suplir la falta de demanda de mano de obra en el medio rural durante largas temporadas a lo largo del año.
El subsidio agrario es la prestación que reciben los jornaleros andaluces y extremeños cuando pueden acreditar las peonadas anuales suficientes (35). Su duración máxima es de seis meses a lo largo de un año, y su cuantía debe andar por los 450 euros. Este subsidio no es una gracia concedida a los trabajadores agrarios, sino una prestación recogida en el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social. Un régimen que no es precisamente una bicoca, pues da derecho a prestaciones sociales inferiores a las proporcionadas por el Régimen General, incluido el hecho de que, en los períodos de inactividad, es el trabajador el que tiene que pagarse la cotización a la Seguridad Social. Prueba del carácter discriminatorio de este régimen con respecto al general es que los sindicatos han celebrado como histórica la consecución reciente de la inclusión de los trabajadores del Régimen Agrario en el Régimen General, después de veinte años de reivindicaciones. El PFEA tiene como objetivo garantizar, en la medida de lo posible, que los jornaleros puedan completar las jornadas mínimas para cobrar el subsidio durante la parte del año en la que no tienen opción de trabajar y, por tanto, carecen de ingresos. Es cierto, por otra parte, que existe fraude en relación con el PFEA y el subsidio agrario, ¿y en qué prestación social no lo hay? Dejémonos de demagogias fáciles: cuando hay fraude en la política social el problema es el fraude, no la política social. Persígase sin descanso dicho fraude, pero la forma de evitarlo no es suprimir la política social de la que surgió.
El PER nació en 1984. En la década de los ochenta se produjo una reconversión general de la economía del país, pasando de un modelo propio de país en desarrollo, basado en los sectores primario y secundario, a otro propio de un país desarrollado, ganando peso con ello el sector terciario. Esto afectó no sólo a la agricultura -más o menos extensiva- andaluza y extremeña, sino también a muchas empresas de la siderurgia y minería del norte de España, muchas de ellas públicas, que se habían mantenido a flote muchos años gracias a que el Estado subvencionaba sus pérdidas con cuantiosos recursos económicos. El cierre de muchas de estas empresas y la drástica reducción de plantillas en otras era una auténtica amenaza para la subsistencia de comarcas enteras. Finalmente, se optó por un modelo de cese incentivado de la actividad en estas empresas, concediéndose numerosas prejubilaciones a los empleados (muchos de ellos de no más de 50 años). Dichas prejubilaciones, que hoy se siguen pagando a muchas de estas personas, distan mucho de los 450 euros que pueda cobrar una persona con el subsidio agrario.
¿Alguien le ha echado cuentas al coste que ha supuesto y supone todavía para el Estado todo esto? ¿Cuánto costó mantener a flote las empresas con cargo a fondos públicos para evitar el drama del cierre? ¿Cuánto cuestan, aun hoy, las subvenciones al carbón leonés o asturiano para que sea competitivo con el importado y se puedan mantener los puestos de trabajo que dependen de las minas? ¿Cuánto han costado y cuestan todavía las prejubilaciones? ¿Ha oído alguien alguna vez a un andaluz o extremeño quejarse de este gasto?
No pretendo con esto recurrir al "y tú más" para justificar el coste de ciertas políticas sociales en Andalucía. Simplemente completar una visión del asunto que siempre se muestra parcial y sesgada. El PER en Andalucía y Extremadura ha servido y sirve para dotar de un mínimo de dignidad a quienes, con todo el derecho del mundo, han elegido el campo como su medio de vida. Además, ha contribuido a mantener a la población rural del interior, evitando la despoblación. Ojalá un día haya alternativas viables para la economía de estas zonas -el turismo rural empieza a serlo en muchos casos-. Pero hay que entender que no surgirán estas alternativas si no queda gente allí para llevarlas adelante.
