En las recientes elecciones catalanas, la candidata del PP, Alicia Sánchez Camacho, apareció eufórica la noche electoral manifestando solemnemente que "el cambio había empezado en Cataluña". Alguien ajeno a la política española habría dado por hecho que el PP había ganado esas elecciones, sin sospechar que quien hablaba es la líder de la tercera fuerza política en Cataluña, a 44 escaños -nada menos que 800.000 votos- del partido ganador. Algo parecido, salvando las distancias, ha ocurrido con la reciente sentencia absolutoria del TSJA al Alcalde de Berja, Antonio Torres. Leyendo sus declaraciones en la prensa, pareciese que no sólo el TSJA le absuelve a él, sino que condena al PSOE de Berja por los delitos de "odio y rencor".
La cronología de los hechos es, aproximadamente, la siguiente. En noviembre de 2007, poco después de haber ganado las elecciones municipales, Antonio Torres cesa -por decreto de Alcaldía- en sus funciones de subinspector jefe de la Policía Local de Berja a Antonio Castillo, asignándole labores de regulación del tráfico y vigilancia en Balanegra. El afectado, que posee la plaza en propiedad por haberla ganado en oposición, recurre dicho decreto al Tribunal de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Almería, que falla a su favor en octubre de 2008. La sentencia conmina al Ayuntamiento a reintegrar al sargento Castillo a su puesto de subinspector. Sin embargo, no es hasta noviembre de 2009 cuando se ejecuta dicha sentencia por parte del alcalde, tras numerosos ruegos del grupo socialista y, finalmente, la interposición por parte de éste de una querella contra Antonio Torres en el TSJA -dada su condición de aforado-. Hace unos días se ha hecho pública la sentencia, que le absuelve del delito de prevaricación.
La reacción del alcalde no se ha hecho esperar. Sintiéndose libre de la "amenaza" de la justicia, ha arremetido con saña contra quienes le llevaron al banquillo. Dice que los denunciantes del PSOE actuaron únicamente movidos por "el odio y el rencor personal", pero lo cierto es que son sus palabras las que rezuman claramente dichos sentimientos, quizá por estar inspiradas por algún allegado que -éste sí- está poseído de un odio y rencor cuanto menos enfermizos -que debería hacerse mirar-. Afirma también que la única pretensión de los socialistas era "saciar sus intereses partidistas, aun a costa de personas inocentes". Un poco de rigor, señor Torres. En este asunto el único que no ha sido inocente ha sido usted. Usted cesó arbitrariamente a esta persona y por eso un tribunal ya le obligó a dar marcha atrás. Ha sido usted, y sólo usted, el que ha sido reprobado por la Justicia, el que se ha saltado la ley a la torera. Sólo usted es responsable de haber desoído conscientemente la advertencia expresa de la Secretaria Municipal de la ilegalidad de su actuación, base de la acusación de prevaricación que se presentó contra usted.
No contento con lo anterior y envalentonado como está, se permite afirmar en relación con un posible nuevo cese de Castillo lo siguiente: "todo se andará. Ahora en caliente mejor prefiero no responder pero ya barajaremos si le cambiamos o no". Es decir, el fallo absolutorio le hace sentirse legitimado para volver a intentarlo. Sigue sin darse cuenta de que a los funcionarios públicos no se les puede desposeer de su plaza ganada en oposición por mero capricho; que su voluntad, mal que le pese, no es omnipotente, señor Torres.
No conozco personalmente a Antonio Castillo y no puedo juzgar su labor al frente de la Policía Local. Nunca he oído hablar de él ni bien ni mal. Entiendo que no sea de la confianza del Sr. Torres porque cada uno es libre de otorgar la suya a quien cree conveniente, faltaría más. Y si existiese la posibilidad legal de cambiar al jefe de la Policía Local respetaría que el alcalde lo hiciese, en uso de sus facultades. Pero lo que no se puede tolerar es la actitud chulesca de quien se cree por encima de la Ley. Con los modos demostrados hasta ahora y con las citadas declaraciones, que demuestran su vocación de reincidencia, el Sr. Torres está pidiendo a gritos que el Grupo Socialista de Berja recurra el fallo al Tribunal Supremo.
