La política de recortes que los ciudadanos padecemos desde mediados de 2010 nos indigna y nos empuja a buscar culpables. Hemos pasado por distintas fases en este proceso, y en cada una de ellas aparece un colectivo sobre el que se descargan, mayoritariamente, las iras de la gente. Para cada nuevo cabeza de turco recibimos una avalancha de correos electrónicos denunciando los supuestos excesos del gremio en cuestión, dándoles credibilidad -con frecuencia- acríticamente.
Los empleados públicos han sufrido, desde 2010, distintos recortes de derechos -el último hace unos días, con la supresión de la paga extra de Navidad de 2012-. No ha faltado quien justifique la merma de sus retribuciones con argumentos del tipo "total, para lo que hacen ... ". Incluso, en un alarde de irresponsabilidad incomprensible, se ha alimentado este tipo de argumentos desde instancias gubernamentales autonómicas o estatales. Todo ello a pesar de que los datos son tozudos e indican que el número de funcionarios en España está por debajo de los países europeos que nos sirven como "modelo".
Desde posiciones conservadoras -del mundo de la política o la empresa- se nos insiste en que el problema de las cuentas públicas en España proviene del excesivo gasto que supone nuestro -ya maltrecho- Estado del Bienestar. Desde la gran patronal se insiste en este argumento con el único propósito de hincar el diente al jugoso mercado que se abriría con una gestión privada de la educación o la sanidad públicas. Se ignora, deliberadamente, que el gasto social en España es inferior -en porcentaje sobre el PIB- a la media europea.
La llamada "clase política" -denominación que detesto- se viene a indicar también como la causa de nuestra delicada situación económica. En la red circulan todo tipo de informaciones llamando la atención sobre el excesivo número de cargos públicos que hay en España y su propensión al derroche con el dinero público. Además de los bulos de los correos encadenados -puede verse aquí el mejor ejemplo-, los distintos gobiernos del PP también se apuntan -como si les fuese ajena- a difamar la actividad política. En medio de privatizaciones salvajes y recortes de derechos de todo tipo, Esperanza Aguirre propone como "solución" a la crisis en Madrid reducir el número de parlamentarios de la Asamblea y Rajoy pretende reducir en un 30% las corporaciones locales. Ocultan en ambos casos que el ahorro económico sería testimonial frente a una merma importante en la representatividad de los parlamentos regionales o las corporaciones locales -a menos escaños, menor posibilidad de representación de las minorías políticas-.
El Estado de las Autonomías implantado a raíz de la Constitución de 1978 ha resultado ser otro chivo expiatorio en el que buscar la causa de nuestros males. Cada vez más voces de la derecha repiten el mantra de que resulta un despilfarro mantener 17 administraciones públicas. Ignoran, de nuevo a conciencia, que las Comunidades Autónomas tienen un endeudamiento muy inferior al de la Administración del Estado, a pesar de que prestan los servicios públicos más onerosos, como la sanidad o la educación.
El hecho, pues, es que cada cuál busca su enemigo allí donde le pide el cuerpo, sin dar una oportunidad al rigor que podría estropear la convicción en el correspondiente prejuicio. Así, muchos desempleados culpan a los funcionarios por no ejercer como Dios manda el derecho a trabajar -ellos que pueden-. Los funcionarios suelen defenderse quejándose del exceso de políticos y de su falta de control del gasto. Y los políticos del PP se defienden a menudo culpando al "excesivo" gasto social o al "despilfarro" que supone el Estado Autonómico o la misma democracia.
Pero el enemigo no está en ninguno de los factores citados. El número de empleados públicos no es exagerado ni tampoco sus retribuciones; nuestro Estado de Bienestar, aunque con carencias, ha conseguido un alto nivel de prestaciones en relación con lo que se invierte en él; los políticos que rigen nuestra democracia suponen una proporción de la población similar a la de cualquier país europeo -disminuir su número puede acabar convirtiéndose, simplemente, en recortar la democracia- y nuestro Estado de las Autonomías no supone un gravamen adicional a las cuentas públicas y ha contribuido a un mejor equilibrio territorial en la prestación de servicios.
El hecho, pues, es que cada cuál busca su enemigo allí donde le pide el cuerpo, sin dar una oportunidad al rigor que podría estropear la convicción en el correspondiente prejuicio. Así, muchos desempleados culpan a los funcionarios por no ejercer como Dios manda el derecho a trabajar -ellos que pueden-. Los funcionarios suelen defenderse quejándose del exceso de políticos y de su falta de control del gasto. Y los políticos del PP se defienden a menudo culpando al "excesivo" gasto social o al "despilfarro" que supone el Estado Autonómico o la misma democracia.
Pero el enemigo no está en ninguno de los factores citados. El número de empleados públicos no es exagerado ni tampoco sus retribuciones; nuestro Estado de Bienestar, aunque con carencias, ha conseguido un alto nivel de prestaciones en relación con lo que se invierte en él; los políticos que rigen nuestra democracia suponen una proporción de la población similar a la de cualquier país europeo -disminuir su número puede acabar convirtiéndose, simplemente, en recortar la democracia- y nuestro Estado de las Autonomías no supone un gravamen adicional a las cuentas públicas y ha contribuido a un mejor equilibrio territorial en la prestación de servicios.
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