LA RESACA

La crisis del gobierno de coalición en Andalucía ha dejado una suerte de resaca, un runrún en la cabeza de unos y otros que nos indica que va a ser difícil volver a la normalidad. No voy a volver sobre lo dicho -en la última entrada del blog- e insistir en la sobreactuación de casi todos en este asunto. Tampoco quiero pasar ahora por más susanista que Susana, pero estoy convencido de que mi actuación en esta crisis se habría parecido bastante -con algún matiz- a la de la Presidenta de la Junta de Andalucía de haber estado en su lugar. Lo que me llama la atención de la post-crisis son ciertos análisis hechos desde sectores progresistas para justificar la actuación de la Consejera de Fomento y Vivienda en estos hechos.

Dos artículos -uno de Javier Gallego y otro de Juan Torres- publicados en estos días sugieren abiertamente -más claramente el segundo- que la causa de la crisis en la coalición es la negativa de Susana Díaz a asumir la desobediencia civil como forma de gobierno. Se lleva así el debate a un terreno resbaladizo en el que se confunden, no sé si conscientemente, las actitudes que pueden tener ante un problema social los individuos y los gobiernos.

La desobediencia civil es una herramienta de lucha ciudadana contra situaciones de injusticia amparadas por la ley. No soy un experto en el tema, pero creo que la definición que puede verse aquí es más que aceptable. La desobediencia civil es una forma legítima de lucha contra situaciones de opresión o injusticia derivadas del cumplimiento de leyes formalmente democráticas. La actitud de quienes, en situación de absoluto desamparo, optan por ocupar ilegalmente una vivienda cerrada propiedad de un banco me parece perfectamente legítima -con independencia de lo que cada cuál haríamos en situaciones parecidas-. Se satisface así la necesidad de vivienda de estas familias -derecho fundamental- y se denuncia públicamente una situación profundamente injusta: que entidades bancarias que han recibido grandes sumas de dinero público mantengan cerradas viviendas de su propiedad y se nieguen siquiera a destinarlas a alquiler social. Y de paso, y no es un tema menor, se denuncia que los poderes públicos no metan en cintura a estas entidades bancarias.

No se trata, por tanto, de cuestionar la actitud de quienes ocupan las viviendas. Estas personas hacen un ejercicio de desobediencia civil perfectamente comprensible; es a los ciudadanos y ciudadanas a quienes corresponde, individual o colectivamente, adoptar este tipo de iniciativas. Los gobiernos, por contra, no pueden ejercer este tipo de acciones, por mucha justicia que se defienda con ellas.

Es legítimo que la ciudadanía, perjudicada por leyes que considera injustas y que no puede cambiar, opte por la desobediencia. Bien distinta es, en cambio, la actitud a adoptar por un gobierno ante la misma situación. Los gobiernos democráticos se sustentan en mayorías parlamentarias y son los parlamentos quienes ostentan el Poder Legislativo. Por tanto, ¿es lícito que los representantes del pueblo, autores de las leyes, las incumplan? ¿Tiene sentido que quien ostenta el poder para hacer normas promueva su incumplimiento? En mi opinión, no. Su deber, en todo caso, es impulsar cambios legislativos para que Justicia y Legalidad sean cosas los más parecidas posible. Y es lo que ha hecho el gobierno de coalición andaluz, por ejemplo, con la Ley de Función Social de la Vivienda. Esa es la forma de rebelarse contra la injusticia cuando se está en el gobierno, y no desobedecer leyes como parece desprenderse de las opiniones que se ven en estos días.

Cierto es que cambios legales como el que se ha citado se han visto cercenados -desgraciadamente- por los recursos del Gobierno de la Nación en los Tribunales de Justicia. ¿Hay que desobedecer entonces las resoluciones de los tribunales? Entraríamos así en un camino más peligroso aun. Si no aceptamos estas resoluciones, ¿cómo defender el triunfo de la Marea Blanca en Madrid, que ha paralizado por vía judicial la privatización de hospitales públicos? ¿Cómo criticaríamos el incumplimiento, por el Ministerio del Interior, de la Ley de Extranjería con las "devoluciones en caliente"? La frustración que sentimos por ver frenada la aplicación de esta ley con recursos espurios no puede descargarse instando al incumplimiento de las resoluciones judiciales.

No deja de ser lamentable que nadie haya puesto el foco en la actuación del PP -especialmente el PP andaluz-, responsable de que esta ley no esté en vigor -con lo que se evitarían situaciones como la que ha dado lugar a esta crisis-. Este partido ha permanecido como espectador en todo este asunto, más preocupado por disfrutar de las discrepancias de los socios de gobierno que de resolver los problemas de los ciudadanos. Esa es su escala de prioridades. Los demás, aparte de discrepar sobre maneras de hacer -civilizadamente, evitando el debate twittero de brocha gorda-, nos deberíamos aplicar a denunciar ante la ciudadanía la actitud de quienes han tomado partido por la defensa incondicional de los intereses de los bancos frente a los de los ciudadanos y ciudadanas andaluces.